1992 – PRESAS EN SANTA MÓNICA – PERÚ

Informe y fotos: Verónica Sáenz Porras

TRAS LAS REJAS

Pasando los altos muros del penal de Chorrillos en la ciudad de Lima, conocido como el reclusorio de mujeres Santa Mónica, la luz verde comisaria invade el recibidor. Dos ojos tras las rejas intentan mirar ese pedacito de calle que se ve al abrir la puerta, del que solo se escapan los sueños de libertad. La llave muerde los dientes del candado y la cadena choca contra los barrotes algo oxidados por la brisa del mar. Se abre la puerta para mí.  Doy un paso adelante con rictus de protocolo marcial, juntando los talones de los pies ante las celadoras que registraban mi ingreso. Me cruzo con la esperanza resignada de ese par de ojos que sabe, que alguna vez, se abrirá para ellos.

Desde hace tres, cuatro, seis años que el mismo par de ojos color café miran en su recorrido por el penal, un pampón terroso de antesala dividido en disputadas parcelas, donde las presas, como en el barrio, venden sus verduras y “menús” de comida para llevar. “La paila se sirve, una vez al día, a las cuatro de la tarde. Como hay hambre al mediodía, nosotras nos fiamos las verduras y preparamos los menús, para las que puedan pagar”- Josefina, inculpada, dos años- ahí nomás-, comenta sellando sus labios.

El penal de Chorrillos, es conocido como el “Sheraton” de las prisiones peruanas. Su vieja y húmeda estructura, con capacidad para 250 internas, alberga hoy 667 mujeres que comparten, como en todas las cárceles del país, los agobiantes dramas del recluso: la lentitud del proceso judicial y el hacinamiento. De las 667 internas solo 138 han sido juzgadas y sentenciadas.

Sin embargo, a diferencia de otros penales, Chorrillos luce amigable. Ellas decidieron limpiarlo, organizarse para vivir dignamente, arreglándose el cabello, realizando concursos de belleza, aprendiendo artes manuales, teatro y la comida, aunque sea poca, ¡es mejor comerla con sazón!

BUSCANDO LA SALIDA 

Durante las mañanas, cerca de 250 inter­nas, entre inculpadas y sentenciadas, tra­bajan en el Centro de Educación Ocupa­cional “María Parado de Bellido”, en el mismo penal de Chorrillos. Allí las internas que se capacitan esperan redimir su pena – dos días de prisión por uno de redención- y obtener el beneficio de la libertad condicional. 

María está apoyada sobre el telar. Mira con atención el tejido que va armando con sus sueños. Una vez listo la institución CEDRO -Centro Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas- los venderá en la exposición venta que realiza cada cierto tiempo. Las uñas de María están arregladas y el pelo perfectamente peinado. Tiene el rostro tranquilo y una seguridad que asombra, aunque no pueda evitar la lágrima sobre su tez canela. Fue sentenciada a 10 años de cárcel por 129 gramos de pasta básica de cocaína.

María hace un alto y me comenta con indignación en la garganta seca – “A otros presos les dan la semi libertad y a nosotras, que nos aseamos, que tratamos de estar presentables, por nosotras, por nuestras familias, que estamos trabajando en talleres, que hemos reflexionado sobre nuestros delitos, ¿no nos merecemos siquiera el beneficio de la semi libertad? Es la segunda vez que presento mis papeles pidiéndola y los jueces me la niegan, a mi como a todas las inculpadas o sentenciadas por narcotráfico. Me pregunto, ¿por qué a los hombres que están por la misma causa y con la misma pena les han dado a semi libertad y a nosotras no? Yo les pediría a los jueces que un equipo técnico evalúe quienes son las personas que nos hemos rehabilitado. Yo sueño con salir, instalar un tallercito de costura y vivir con mi hijo”. Injusticias propias de un país tercermundista, de leyes obsoletas y reformas que urgen la atención del Gobierno.

Santa Mónica es tan tranquilo como deprimente. Las presas no se quejan de la comida, ni siquiera del hacinamiento que las obliga a compartir celdas y reducir al mínimo un espacio de privacidad. No hay malos tratos, tampoco abuso sexual. El único y constante reclamo es la celeridad de los juicios. Sin embargo, a las juezas de turno, como denuncian las internas, Izaga Pellegrini y Palomino, ese reclamo les parece improcedente. Sensación de olvido, gueto archivado y congelado en el tiempo. 

Pilar García, directora del penal Santa Mónica de Chorrillos, opina sobre el tema – “Debe haber uniformidad de criterio. El decreto 064 no dice si se les concede o no el beneficio de la semi libertad a las acusadas por narcotráfico, esto queda a criterio de cada juzgado de ejecución penal. Esto se está dando en los penales de hombres, aquí no. Yo particularmente pienso que se les debería dar el beneficio. Ellas ya han pagado. Un año o dos de carcelería es un sufrimiento. Abandonan a sus hijos y ellos se convierten en drogadictos y ladrones, las hijas en prostitutas. No es justo, ellas ya han pagado lo suficiente”.

aTALLERES Y REINCIDENCIAS

Ana María tiene nueve hijos. Hace tres años fue inculpada y recluida por posesión de 137 cigarros de pasta básica de cocaína. Una mañana fue a visitar a su madre al Callao, donde siempre hay batidas policiales, porque es zona roja de pasta. La policía encontró en la casa de al lado la droga. “Nos trajeron a todos, a mi mamá, a mi hermana, a mí y a un primo que ahora está en el penal de Lurigancho. Pagando por estar de visita. Es una injusticia que todavía no nos juzguen, mis hijos se están perdiendo en la calle. ¡Mi esposo trabaja, no puede atenderlos …cómo es posible! Las asistentas sociales no atienden los problemas de las familias de las presas. Si nuestros hijos no tienen quién los cuide, los meten en albergues, sin cariño, están como en un depósito”.

Para las reincidentes la pena es, casi siempre. diez años de prisión. En el caso de Elvira Chang, sentenciada como narcotraficante al ser reincidente, por poseer tan solo 0,45 gramos de Pasta Básica. Ellas dicen que cuando salen en libertad algunos policías van a su casa a cobrar, si no les pagan, le siembran drogas. Eso significa regresar a la cárcel con una pena de diez años. “A pagar, pues, qué vamos a hacer” – se lamenta una interna.

Olga,  huancaína, lleva 17 meses en calidad de inculpada por drogas, otra vez la pasta básica de cocaína y el inframundo a que las lleva. A su hijo de nueve años lo cuida su madre inválida y la menor de sus hermanas. Diecisiete meses y ninguna visita, trabajando día a día en los talleres. Nadie ve sus papeles ni la llevan a juicio. ¿Pasará diez años tras las rejas como alguna de sus compañeras? Nuevamente la misma queja. “Pedimos para las que estamos por drogas que también se considere el beneficio de la semi libertad, que se aceleren los juicios”.

Sara vende “Menús” desde que llegó, cuando su hija Sarita tenía dos años. Ella es uno de los 78 niños que viven en el penal. Dieciocho viven con sus madres, en el primer pabellón. El resto vive en la cuna. Un día, hace dos años, intervinieron la casa del vecino de Sara, su hermano. Entonces la llamaron como testigo porque allí había pasta. El calvario recién comenzaba. Dos años esperando la confrontación que aún no llega. “Mis cinco hijos están ahora con su madrastra, como mi ex esposo está enfermo, ella los arroja a la calle. ¡Tengo una hija de 14 años y se me va a perder!”

Hay algunas extranjeras que arman su propio clan, las convencieron de ser “burrier” de clorhidrato de cocaína. No quieren hablar, esperan noticias del consulado de sus países para que aceleren la lenta justicia peruana. Andrea tiene las fotos de su familia pegada a la pared, lamentándose del fatídico día que tomó tan mala decisión. Su mirada está hueca de tanto dolor, con ese dolor me voy, dejando atrás las rejas, tomando una profunda y lenta bocanada de aire.

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